ArgentinaPedidos de informes: la lupa parlamentaria sobre la corrupción K
Durante los años que gobernó el kirchnerismo, el Congreso nacional utilizó con fuerza los pedidos de informes como herramienta de control al Ejecutivo. En total, se presentaron 201 requerimientos durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, impulsados mayormente por la oposición. Muchos de esos planteos anticiparon escándalos de corrupción y causas judiciales que marcarían la agenda política años después.
Entre 2003 y 2007, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, se registraron 50 pedidos. En tanto, Cristina Fernández acumuló 43 durante su primer mandato (2007-2011) y 77 en el segundo (2011-2015), alcanzando un total de 120 solicitudes en sus ocho años de gestión. El gobierno de Alberto Fernández, por su parte, recibió 31 pedidos de informes entre 2019 y 2023. En conjunto, las administraciones kirchneristas acumularon 201 pedidos de informes por parte de legisladores nacionales.
Estos requerimientos provinieron mayormente de bloques opositores, con una fuerte presencia de la UCR, la Coalición Cívica-ARI, el PRO, y otros espacios como el Partido Socialista, el GEN, el Peronismo Federal y partidos provinciales.
Una parte sustancial de las solicitudes se concentró en dos ejes clave: la obra pública y la provincia de Santa Cruz. De estos pedidos, 56 estuvieron vinculados a Vialidad y obras de infraestructura, y 51 apuntaron específicamente a situaciones en Santa Cruz. Diez de ellos combinaron ambos focos, señalando posibles irregularidades en la asignación y ejecución de obras públicas en esa provincia. Esta concentración temática da la pauta de que muchos legisladores supieron identificar patrones de discrecionalidad y falta de controles en áreas sensibles del gasto público.
Varios de estos pedidos, como los impulsados por Elisa Carrió, Mariana Zuvic y Fernando Sánchez, sirvieron como insumo para denuncias judiciales y anticiparon lo que más tarde se conocería como la Causa Vialidad, que resultó en la reciente condena de Cristina Fernández a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
De esta manera, a lo largo de los años, la oposición parlamentaria mostró una preocupación sostenida por obras adjudicadas sin controles claros, licitaciones millonarias, partidas presupuestarias discrecionales y vínculos estrechos entre empresarios y funcionarios.
En definitiva, los pedidos de informes durante el kirchnerismo no solo reflejaron el rol activo de la oposición en su intento por ejercer control sobre el Poder Ejecutivo, sino que también funcionaron como una señal temprana de las irregularidades que luego saldrían a la luz en la Justicia, evidenciando el valor que puede tener el trabajo parlamentario como herramienta preventiva y de rendición de cuentas.